Aprobada la modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, en la que se simplifica y mejora ciertos aspectos de su aplicación

08 Jul2014
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Foto cortesía de: Raúl Fernández Barredo

El sábado 5 de julio entró en vigor la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Estas modificaciones se venían esperando desde hace tiempo y afectan fundamentalmente al ámbito de aplicación de la norma, el papel del operador en el cálculo de la garantía financiera y los plazos de resolución.

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que transpuso la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, estableció en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, basado en los principios de “prevención” y de que “quien contamina, paga” (ver noticia previa).

Esta norma preveía que los operadores con probabilidad de ocasionar daños al medio ambiente debían adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hubieran producido, devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

La ley de 2007 era ambiciosa en su conjunto, y en realidad nunca se llegaron a poner en marcha las garantías financieras que establecía. El desarrollo reglamentario de la norma fue retrasando su aplicación práctica, y se fueron ampliando los plazos establecidos mediante la publicación de órdenes ministeriales. (ver noticia previa: )

 

Actualmente, con esta nueva norma aprobada parece que se ha puesto fin a las especulaciones y se apuesta por reforzar la vertiente preventiva de manera más coherente, así como se simplifica y mejora la aplicación de la misma.

En primer lugar en cuanto al ámbito, se amplía el concepto de daño medioambiental incluyendo el causado al estado ecológico de las aguas marinas (según recoge la modificación de la Directiva 2004/35/CE, llevada a cabo a través de la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro) que no se contemplaban anteriormente, por ello, la responsabilidad ambiental será exigible en los daños causados a especies silvestres, hábitats, las aguas (superficiales, subterráneas o marinas), la ribera del mar y de las rías y el suelo.

De igual modo, con la reforma se incluyen en el ámbito de aplicación los daños causados por obras públicas de interés general, competencia de la Administración General del Estado, así como por obras públicas de especial relevancia e interés equivalente cuya titularidad y competencia corresponda a las comunidades autónomas.

 

En cuanto al refuerzo preventivo de la norma, tras la experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley 26/2007 se constató la necesidad de reforzar sus aspectos preventivos, por lo que se ha considerado oportuno impulsar el uso de los análisis de riesgos medioambientales como una importante herramienta de gestión medioambiental y mejora.

En estos análisis de riesgos ambientales y otras herramientas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como es el ‘Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental’ (MORA); se basarán los operadores afectados en la determinación de la cuantía de la garantía financiera. La norma establece que será determinada por el operador según la intensidad y extensión del daño que su actividad pueda causar.

Anteriormente, se trasladaba la responsabilidad a un “verificador ambiental” o a la Administración que tenía que determinar dicha garantía. Actualmente con este nuevo enfoque, recae sobre la actividad económica toda la responsabilidad de sus posibles daños ambientales. El importe de la garantía establecido por el operador no limita las responsabilidades por daños al medio ambiente.

Por todo ello, la garantía debe quedar constituida de modo que cubra todos los posibles escenarios causantes de daños ambientales y debe estar vigente durante todo el periodo de actividad desde la fecha en que su constitución sea obligatoria y hasta su cese efectivo.

Este hecho, no implica que aquellas actividades que no estén obligadas a someter garantías financieras obligatorias y que incurran en daños medioambientales se les pueda requerir conforme a lo dispuesto en esta norma su subsanación, ya que las obligaciones de prevenir y gestionar los riesgos ambientales o reparar los daños causados son exigibles desde la aprobación de la Ley 26/2007.

 

A pesar del enfoque preventivo, la nueva norma prevé exenciones a la obligación de establecer garantías financieras, que se ampliarán reglamentariamente atendiendo al escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad de las actividades. Con las exenciones planteadas, se produce un importante descenso de los operadores obligados a someter garantías financieras.

Según datos del Ministerios, la reforma significa que esas garantías ya no serán exigibles para el 98% de las actividades que la Ley 26/2007 sí consideraba obligatorias. Y afectará “tan sólo” a 5.470 operadores previstos dentro del Anexo III (de un total de 300.000 que estaban contempladas). El ministerio argumenta que ha eximido a las actividades “con escaso potencial de generar daños medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad” así como que “vamos a conseguir que las garantías se apliquen a quienes verdaderamente generan las mayores incidencias ambientales”.

La norma mantiene las exenciones previstas hasta ahora para los operadores cuya actividad sea susceptible de ocasionar daños inferiores a 300.000 euros y a aquellos cuyo impacto se estime entre los 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten estar adheridos al sistema de gestión y auditoría ambiental EMAS o al sistema UNE-EN ISO 14001 en vigor y operadores que utilicen productos fitosanitarios o biocidas con fines agropecuarios y forestales.

 

En cuanto a la tramitación, supone una reducción de las cargas administrativas a los operadores económicos y simplifica el procedimiento de constitución de la garantía financiera por lo que dota de una mayor eficacia a la actuación de las administraciones. Se establece que la autoridad competente deberá resolver y notificar los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental en el plazo máximo de 6 meses, ampliable hasta 3 meses adicionales en casos científica y técnicamente complejos. Cabe destacar que este plazo no tiene carácter de legislación básica, por lo que podría variar en las legislaciones autonómicas que regulen la materia.

 

Desde AmbiNor, venimos asesorando a industrias y empresas contempladas dentro del ámbito de aplicación de estas normas desde el año 2007, habiendo elaborado diferentes Análisis de Riesgos Ambientales que han facilitado a los operadores el conocimiento de los posibles riesgos de su actividad y ha ayudado en la elaboración de posteriores planes de actuación para reducir dichos riesgos, disminuyendo así las probabilidades de afecciones al medio, y por tanto de posibles futuras sanciones.

 

Fuentes consultadas:

 

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