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Una de las líneas de acción del Plan de Economía Circular de la Unión Europea para 2030, quizá de las más importantes, tiene que ver con la BIOECONOMÍA CIRCULAR.

Esta implica, la promoción del uso de la materia orgánica y de los nutrientes contenidos en los residuos, como fertilizantes; o como materias primas en la fabricación de otros productos de mayor valor añadido (aunque esta segunda vía es aún minoritaria). Así se consigue cerrar el círculo, retornando estos recursos a los cultivos y desplazando el uso de fertilizantes minerales.

Son numerosos los residuos, particularmente de tipo orgánico, que se utilizan tradicionalmente como enmiendas para suelo, por ejemplo: purines, estiércoles y lodos de depuradora. No obstante, las elevadas cantidades utilizadas para estas prácticas están provocando problemas de alteración de suelos y contaminación de acuíferos, molestias a la población por malos olores, y emisiones no controladas de gases de efecto invernadero.

Para la promoción de la economía circular en el sector de los fertilizantes y la racionalización de la gestión de los residuos orgánicos, es preciso dejar de considerar la aplicación de residuos orgánicos en agricultura, como una vía fácil y barata, de deshacernos de este tipo de desechos; y empezar enfocarlo desde un punto de vista más circular, potenciando y añadiendo valor a los recursos contenidos en estas materias y elevando su calidad, de modo que se configuren como una alternativa de calidad y económicamente competitiva frente a los fertilizantes minerales.

Una de las barreras para la utilización de residuos en el sector de los fertilizantes es, precisamente, su consideración administrativa como residuo, que obliga a las empresas que los utilizan a obtener complejas autorizaciones –trámites que según el momento y la comunidad autónoma se dilatan entre 9 y 30 meses-; y una complicada gestión administrativa del material. Esta barrera, en el caso de residuos que se utilicen para fabricar fertilizantes conforme al Reglamente Europeo, se ha eliminado, puesto que expresamente la norma establece que estos residuos dejan de serlo (se les aplica el concepto de “fin de condición de residuo”) sin necesidad de que se publique un reglamento específico para ello o se acuda a un incierto trámite Ministerial.

Si embargo, existen limitaciones respecto a los tipos de residuos que pueden utilizarse como ingredientes en los productos fertilizantes. La normativa estatal, Real Decreto 506/2013, de 28 de junio de productos fertilizantes, incluye en su anexo IV el listado de residuos orgánicos biodegradables, que pueden formar o constituir abonos o enmiendas orgánicas. Para la utilización del resto de los residuos, que se pretendan utilizar en la elaboración de fertilizantes, es preceptiva la obtención por parte del productor de estos, de autorización de gestor de residuos.

Esta norma estatal, coexiste con el Reglamento de Fertilizantes (Reglamento 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE), que amplía el abanico de residuos y materiales que pueden utilizarse como componentes en los fertilizantes, arbitrando mecanismos para ampliar la relación de estas materias, siempre que se garantice la calidad de sus propiedades y la seguridad de su uso para el medio ambiente y la salud de las personas.

En este caso se encuentran actualmente los residuos conocidos como estruvita, el biochar y los productos a base de cenizas. Sobre estos residuos y subproductos, la Comisión Europea encargó al “Join Researh Centre” (Sevilla), un estudio destinado a identificar las posibilidades de aprovechamiento de los nutrientes contenidos en estas materias, para la fabricación de fertilizantes.

Este Informe conocido como INFORME STRUBIAS, concluyó que los materiales evaluados ofrecen una vía para mejorar la seguridad alimentaria y la fertilización sostenible, al tiempo que conservan el medio ambiente y sus recursos naturales en Europa y en otros lugares.

Como consecuencia de este estudio, los citados materiales se encuentran en proceso de inclusión en los anexos del Reglamento, relativos al listado de materiales, que pueden ser considerados como materia prima o como componentes de fertilizantes.

Otra cuestión relevante a destacar es que el Reglamento Europeo 2019/1009, es una norma armonizada, esto significa que su cumplimiento es opcional, es decir un determinado fertilizante que se vaya a comercializar en España podrá acogerse indistintamente a los requisitos del Real Decreto, o del Reglamento.

El Reglamento Europeo comenzará a aplicarse el 16 de julio de 2022, considerando que se trata de una norma más flexible y dinámica que el Real Decreto 506/2013, que además permitirá utilización de marcado CE en todo el ámbito de la Unión Europea, parece previsible que la normativa estatal quede obsoleta y fuera de uso en pocos años.

La puesta en marcha de las políticas de energías renovables en nuestro país y de forma más concreta la publicación de la propuesta de Hoja de Ruta del Biogás, ponen en el punto de mira uno de los aspectos críticos que determinará el éxito de la promoción del biogás en nuestro país, que no es otro que el tratamiento que recibirán los residuos que sean generados como consecuencia de la digestión anaerobia de la materia orgánica y que se conocen como digerido o digestato.

La propuesta de la hoja de ruta del biogás, incluye medidas para potenciar la utilización de este residuo en la elaboración de fertilizantes de calidad, entre ellas el desarrollo de un marco de regulación que facilite el aprovechamiento de estos residuos en el sector de la producción de fertilizantes.

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La nueva Ley de Residuos de España viene cargada de promesas… y de debate. Esta norma ya ha sido remitida a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para su aprobación (Boletín Oficial de las Cortes Generales nº57-1, de 28 de mayo de 2021), en el que se establece un plazo de enmiendas por un período de quince días hábiles que finaliza el 15 de junio.

Tras un largo proceso de participación pública en el que se han ido perfilando detalles, vemos interesante realzar algunos puntos de las luces y sombras de esta nueva norma, aunque dejaremos el análisis completo para cuando se publique en su versión definitiva.

Por empezar, algo muy positivo: el esfuerzo que se ha hecho en ampliar los términos definidos en la Ley: nada menos que 53. También se ha realizado un esfuerzo para que las definiciones sean precisas y claras, y son especialmente útiles las que permiten distinguir entre compost, digerido y material bioestabilizado, por ejemplo; o la definición de “productor del producto”. Se definen también las operaciones de “relleno” con residuos no peligrosos, que dará pie a delimitar los residuos que pueden emplearse en ciertas obras civiles y de urbanización, cuestión que históricamente ha generado no poca controversia (y más de un enterramiento encubierto de residuos). Este último punto quedará, no obstante, a la espera de desarrollo reglamentario mediante orden ministerial.

Algunas definiciones aún presentan carencias, como es el caso de la definición de “residuos de competencia local”, que confluye con la “residuos domésticos” y no se identifica su propósito claramente en la propia ley.

Los artículos 4 y 5 reconocemos que nos han emocionado: tratan con cierto detalle los conceptos de “subproducto” y de “fin de condición de residuo”, y abre la puerta a que los correspondientes procedimientos de declaración puedan efectuarlos las comunidades autónomas en determinadas circunstancias. Visto que desde la promulgación de la Ley vigente en 2011 y hasta la fecha de hoy, el MITERD había analizado la escalofriante cifra de 21 solicitudes de declaración de subproducto, creemos que es una excelente noticia. Se echa de menos una concreción del procedimiento y alguna cosa más (en ello coincidimos con este detallado artículo de Victor Moralo), pero hay que reconocer el avance, ya que es la clave para uno de los elementos definitorios de la economía circular: mantener los materiales el mayor tiempo posible dentro de los ciclos productivos y de uso.

Por otro lado, se ha incorporado en la Ley todo un título relativo a la Prevención de residuos, con objetivos cuantitativos. La meta es alcanzar en 2030 una reducción del 15% respecto a los residuos generados en 2010 –sin que ello tenga origen en la Directiva de Residuos-. Sin entrar en si es ambiciosa o no, es cierto que la clave estará más en las medidas y mecanismos que se habiliten –ya va tocando- para lograrlo: muchos son los objetivos legales cuantitativos incumplidos sin mayor repercusión, como para que nos llenemos de esperanza al ver los nuevos.

En cuanto a las medidas, en buena medida son una traslación de las ya contenidas en instrumentos de planificación, y muchas vienen precedidas por el verbo “Fomentar”: cuando una ley “obliga” a “fomentar” en realidad ¿dice algo concreto por lo que alguien deba sentirse especialmente aludido e implicado en la tarea?.

Nos gustan más las medidas concretas. Por ejemplo, la de la prohibición de destruir excedentes de productos no perecederos que no se hayan vendido (recogida en el artículo 28.2. del proyecto de ley publicado): una vía habitual de evitar que las empresas se hagan “dumping” a sí mismas manteniendo en el mercado productos no vendidos mientras intentan colocar sus versiones actualizadas. En realidad, la medida es fácilmente soslayable mediante la “conveniente” exportación de ese producto –que no es un residuo- a países donde tal destrucción no sea un inconveniente. Y de paso trasladar el problema del residuo generado a ese país. Veremos cómo se aborda en la práctica esta cuestión.

En la misma línea, se impulsa la reducción del desperdicio alimentario. Aquí la Ley obliga a empresas de distribución y restauración colectiva a aplicar una novedosa jerarquía de seis niveles en la que se prioriza la donación de alimentos para consumo humano y se invoca como última opción la valorización energética. No existen a día de hoy muchos instrumentos para implantar esta jerarquía, pero posiblemente la vía reglamentaria vaya habilitándolos poco a poco.

En cuanto a la responsabilidad del productor del residuo, se da carta de naturaleza a una cuestión ya introducida por el Reglamento de Traslado de Residuos, que es la no extinción de dicha responsabilidad al entregar el residuo a un gestor intermedio: la responsabilidad solo se extingue al documentar el tratamiento completo del residuo. Esta medida introduce ciertos problemas comerciales en el ámbito de los gestores, pero por otro lado entendemos que mejorará los resultados de valorización: no se tratará solo de “deshacerse del residuo” sino de “deshacerse bien del residuo”.

En este caso, como en otros, la Ley aprovecha a incluir determinadas obligaciones (forma de almacenamiento, etiquetado y envasado, etc.) que provienen de normas como el RD833/1988, que ya pueden así, al fin, quedar completamente derogados.

Hay una cuestión en la que nos hubiera gustado algo más de precisión, y es en relación con los modelos de recogida separada de residuos. Ya no existe una mención expresa a la recogida “por materiales” aunque sí es cierto que la imposición de esa recogida separada se refiere a materiales, no a flujos de residuos.

Es decir: no dice que se deban recoger separadamente “los envases”, por ejemplo, si no “los metales, el plástico y el vidrio”. Este es un aspecto ya presente en la ley actual pero que quedó sin desarrollar plenamente, y que abriría la puerta a una lógica recogida por materiales que facilitaría automáticamente el incremento de las tasas de reciclaje. Cuando se nos dice que un juguete de plástico o un bolígrafo de plástico no pueden ir al contenedor amarillo, en realidad están dirigiendo estos residuos a la “fracción resto” o en otros modelos hacia la “fracción seca” o “fracción inorgánica”. Sea como sea, ello obliga a realizar posteriores y costosas separaciones de esos plásticos, mucho menos eficaces y eficientes.

Creemos que se debería separar claramente, en el caso de los SRAP, las obligaciones de financiación (los envasadores obviamente solo deben financiar la recogida y tratamiento de los residuos de envases) de las obligaciones de gestión por materiales: no son cosas incompatibles.

Este planteamiento de recogida separada de materiales se rompe, no obstante, en al menos un caso notorio: la Ley obliga a establecerla “para residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) antes del 31 de diciembre de 2024”. Puede que el legislador asocie residuos voluminosos a residuos de “madera”, pero nada más lejos de la realidad. Si hay un flujo de residuos variopinto y formado por materiales complejos y mezclas de materiales es este: démonos cuenta de que abarca a mobiliario (que casi nunca es de madera, sino que está constituido por tableros de fibra con recubrimientos de PVA o resinas y con elementos de vidrio, entre otros); enseres de plásticos de todas las composiciones posibles; colchones; sillas de bebé (textil+metal+espumas+plásticos) y un infinito etcétera.

La pregunta es, ¿están preparadas las entidades locales y el sector de los residuos para tratar de forma eficaz un flujo de materiales mezclados tan dispares, con fines no de eliminación, sino de reciclado? Estamos seguros de poder afirmar que no, y que no lo estará tampoco en 2024.

No es una cuestión menor, porque esta imposición redunda en otra que trataremos más adelante: la obligación también de constituir SRAP para estos residuos voluminosos.

Por otro lado, el evidente retraso en la implantación de la recogida separada de biorresiduos por parte de las entidades locales obliga ahora a correr, y así se impone el cumplimiento de esta obligación para residuos domésticos de municipios mayores de 5.000 habitantes para finales de este año 2021. Hemos sido excesivamente ambiciosos: la Directiva indica que a más tardar el 31/12/2023 y siempre que se cumpla el artículo 10, apartados 2 y 3. Obviamente es un objetivo incumplible pero que permitirá aplicar, donde proceda, instrumentos coercitivos para lograr una más ágil adaptación a esta exigencia de Europa. Quizá la obligación se debería hacer extensiva a los biorresiduos de grandes productores.

A la luz de estas obligaciones de recogida separada se establecen los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización para residuos domésticos y comerciales, residuos municipales y residuos de construcción y demolición (RCD).

Nos gusta especialmente que se especifiquen objetivos concretos para preparación para la reutilización. Si bien, y aunque parezca obvio decirlo, es absolutamente trascendente recordar que la preparación para la reutilización solo funcionará si existe un mercado de consumo para los materiales recuperados, y en condiciones económicamente ventajosas para el gestor que efectúe la operación, y para el consumidor que opta por la adquisición de productos re-manufacturados (“refurbished”). Nadie reparará los televisores de los puntos limpios si no puede vender esos equipos con garantías y a precios convenientes para las partes. Así pues, una vez más podemos recordar que la “economía circular” en estas materias es más un asunto de consumo responsable que de gestión de residuos.

El título IV de la Ley se dedica íntegramente a la responsabilidad ampliada del productor del producto. Este asunto requiere de un post específico, por su trascendencia (nos emplazamos a ello). En síntesis, se mantiene el sistema actual de sistemas de responsabilidad ampliada (SRAP) individuales y colectivos, y se mantiene también abierta la posibilidad de que los productores de productos se vean obligados a “establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento”. Vamos, los SDDR de toda la vida. En cada flujo de residuos podrán implantarse, por tanto, sistemas de uno u otro tipo o bien mixtos (o ninguno de los dos obviamente). Esto quedará a lo que dispongan los correspondientes reglamentos, que puede que se hagan esperar.

Ya se especifica que los productores de productos asentados en terceros países también tendrán que cumplir con estas obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor, a través de un representante autorizado en nuestro país.

También se especifican qué costes deberán cubrir los productores de productos y cómo se han de calcular, lo cual es una precisión bienvenida que habrá que hacer extensible a las normas actualmente vigentes para varios flujos de residuos.

Y es, asimismo, una novedad que se pueda obligar a “aumentar los periodos de garantía de los productos, tanto los nuevos como los reparados”. El Consejo de Ministros aprobó ya ampliar hasta los tres años el plazo de garantía legal de los productos, así que se avanza en esta importante línea, aunque se dejan de lado cuestiones como la obsolescencia tecnológica –que reconocemos de dificilísimo tratamiento normativo-.

En determinados ámbitos se discute desde hace años por qué unos pocos productores de productos deben hacer frente a la RAP, mientras que la mayoría no deben hacerlo. Es evidente que no todos los residuos “graban” de la misma forma la bolsa de basura; y no para todos hay vías de valorización adecuadas o permiten el establecimiento de sistemas específicos de recogida (¡algunos habréis oído la idea de establecer un SRAP para cigarrillos y sus filtros!). Esta Ley parece que quiere avanzar en la RAP y en su disposición final sexta obliga a establecer, en el plazo de tres años, “regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los textiles, muebles y enseres, y los plásticos de uso agrario no envases”.

No podemos estar de acuerdo con la obligación para los residuos voluminosos: como ya hemos apuntado más arriba, la disparidad de orígenes, componentes y composición creemos que no permite su reciclaje masivo. Si es cierto que uno de los flujos mayoritarios en el ámbito municipal y que implica un coste significativo tanto por la operativa de los puntos limpios como pro los sistemas de recogida bajo demanda que tienen la mayoría de los grandes municipios; así que la intención de que sean los productores del producto quienes paguen el “sobrecoste” de esa recogida a las administraciones locales, podría ser razonable. Pero en el fondo es convertir parte de una tasa de recogida de residuos (“impuesto” directo) en un “impuesto indirecto” que igualmente pagaremos los ciudadanos en la compra de los productos. Así que, para nosotros, el argumento económico solo tiene peso si el fin último es el incremento de la valorización del residuo.

Deberíamos acabar este post con una referencia extensa al título V del proyecto de la norma, que se refiere a los plásticos. Pero eso lo dejaremos para una segunda parte.

Este artículo se ha escrito sobre la versión del proyecto de la Ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales nº57-1, de 28 de mayo de 2021

A pesar de todas las normas y medidas de protección existentes, se sigue detectando con mayor frecuencia de la deseada, la presencia de material radiactivo en la chatarra. Debido a la importacia que reviste el control de este tipo de materiales, el Ministerio de Transición Ecologia, ha legislado sobre los protocolos que deben ejecutar las instalciones en las que puedan presentarse materiales radiactivos.

Los materiales radiactivos se utilizan en equipos o productos usados en medicina, industria o investigación y constituyen lo que denominamos fuentes huérfanas, una vez que estos productos son desechados y pasan convertirse en residuo.

Las fuentes huérfanas son fuentes radiactivas que se hallan fuera del control reglamentario, bien porque nunca lo han estado o bien porque han sido abandonadas, perdidas, extraviadas o transferidas sin la debida autorización.

El pasado mes de marzo se aprobó el Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperacion de fuentes radioactivas huérfanas, a traves del cuál se incorpora al ordenamiento jurídico español el protocolo para la vigilancia y detección de las fuentes huérfanas radiactivas en todas las instalaciones en las que se produzca la manipulacion, almacenamiento y tratamiento para la recuperacion de residuos metálicos.

Estas medidas para la detección de fuentes huérfanas no son nuevas y de hecho son muchas las instalaciones de gestion de residuos metálicos que se encuentran adscritas de forma voluntaria al “Protocolo de colaboración sobre vigilancia radiológica de los materiales metalicos”, activo desde el 2 de noviembre de 1999.

No obstante, la aprobación de este Real Decreto obliga a todos los gestores del residuos metalicos, no adcritos al Protocolo de 1999, al cumplimiento de los requisitos de vigilancia, detección y control de estas fuentes huérfanas.

Estas instalaciones deben implantar un sistema para el control y la vigilancia radiológica que permita detectar posibles fuentes radioactivas huérfanas en los materiales que entran en sus plantas, así como actuar de forma adecuada en su manipulación y gestión, de forma que se eviten riesgos para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente.

Además de disponer de este  sistema documentado para la vigilancia y control radiológico, las instalaciones para la gestión de residuos metálicos deben:

1. Inscribirse en el Registro de instalaciones de vigilancia radiológica de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Este registro debe contener información relativa a la identificación de la empresa y debe acompañarse de:

• Memoria descriptiva de la instalación
• Descripción del sistema de vigilancia radiológica
• Procedimientos para la aplicación del Sistema de vigilancia y control radiológico
• Descripción del área de aislamiento para el almacenamiento temporal del material radioactivo
• Contrato o acuerto con una Unidad Técnica de Protección Radiológica

2. Disponer de instrumentación para la detección de fuentes radiológicas. Los instrumentos requeridos dependerán del tipo instalacion y de su actividad:

Fuente: Art 7 RD 451/2020, de 20 de marzo

Aquellas instalaciones que procesen anualmente menos de 1000 t de chatarra no estarán obligadas a disponer de instrumentos de vigilancia radiológica, aunque es recomendable que cuenten con instrumentación portatil

Por último, el Real Decreto establece las actuaciones que deben llevar a cabo los titulares de estas instalaciones en el caso de que se detecte la presencia de materiales radiactivos, así como las actuaciones a ejecutar en caso de accidentes o emergencias radiológicas.

De forma espedifica, este Real Decreto destaca la necesidad de dotar a los trabajadores de la información necesaria para lograr el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia y control radiológico, así como información relativa a los riesgos que entraña la manipulación y libre circulación de este tipo de materiales, tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

El Ministerio para laTransición Ecológica y el Reto Demográfico facilita en su página web la consulta de material divulgativo relativo a las fuentes huérfanas presentes en los residuos, así como guías informativas sobre vigilancia y control de fuentes radiológicas.