Se debate en CONAMA sobre el nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos de España

03 Dic2014

Conama cuadradoEl 26 de noviembre se celebró en CONAMA la Sesión Técnica ST-19 , sobre el Plan Nacional Integrado de Residuos.

El debate de casi tres horas ese día, no es más que la punta del iceberg, la culminación de un proceso de discusión sobre la orientación que debía tomar el nuevo PNIR, discusión en la que habían (habíamos) tomado parte más de 40 especialistas o representantes de grupos de interés afectados; además, por supuesto, del propio MAGRAMA, como impulsor y redactor del Plan.

Luces y sombras del debate

Cuando se planteó la sesión técnica, se preveía que el MAGRAMA tendría listo un borrador a finales del verano de 2014, lo que evidentemente hubiera permitido enfocar el debate. Lamentablemente, ni siquiera cuando se ha celebrado esta reunión se ha podido contar con ese documento (lo entendemos: es complejo y compromete muchas decisiones de carácter político), lo cual ensombrece las sugerencias y aportaciones que se hubieran podido realizar.

Sin embargo, del lado de las luces, es bueno destacar la claridad de los planteamientos que ha transmitido la Subdirección General de Residuos del MAGRAMA (Mª José Delgado Alfaro), y su profusa argumentación, lo cuál es de agradecer, porque nos da una primera idea de qué podemos esperar del nuevo PNIR: será un plan claro y enfocado.

¿Cuáles son los puntos clave del nuevo PNIR?

Aun a riesgo de equivocarnos, o de que existan modificaciones en los planteamientos del Ministerio, creo que podemos avanzar algunos de los elementos clave del nuevo PNIR, así como los puntos de fricción social que se derivan de dichos elementos clave, cuando existen.

Empecemos por el principio:

El nuevo plan nacional se enfoca como una revisión del PNIR actual, por lo que mantiene aproximadamente la misma estructura, con algunos cambios, como el tratar los residuos peligrosos dentro de cada uno de los flujos donde se pueden generar, y no como un componente aparte.

En cuanto al ámbito, como novedad, se incluyen los buques y embarcaciones al final de su vida útil. Se tratan además los residuos agrarios o los residuos de industrias extractivas, así como los suelos contaminados, junto con el resto de flujos convencionales.

Ahora bien: el reto evidente se sitúa sobre los residuos municipales.

Los residuos municipales como reto.

Por enmarcar el problema, hay que recordar que la recepción de Fondos de Cohesión para el periodo 2014-2020 implica el cumplimiento por parte del Estado, de varios requisitos “ex ante”, entre los que se encuentra el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco de Residuos (recogidos también en la Ley 22/2011), para el año 2020.

El Plan debe lograr, por tanto, el cumplimiento de dichos objetivos, entre los que está la preparación para la reutilización y el reciclado de al menos el 50% de los residuos municipales en 2020, cuestión muy compleja sobre la que hemos escrito algunas consideraciones interesantes antes en nuestro blog , y sobre la que incidiremos más adelante.

La Subdirectora General de Residuos aportó unas cifras interesantes:

De los 21,9 millones de toneladas de residuos municipales generados en España, solo un 18,2% se recogen separadamente. De éstos, aproximadamente el 20% se reciclan, el 10% se incineran, el 10% se somete a tratamiento TMB en centros de reciclado, y el 60% restante se depositan directamente en un vertedero. El 24% de los residuos biodegradables tienen como destino el vertedero.

Son cifras discutibles, pero son las oficiales, y por tanto de las que hemos de partir para la toma de decisiones. Y estas decisiones, apuntan a la necesidad de mejorar la prevención, mejorar el reciclado, y trabajar para reducir el vertido. Así de simple y así de difícil.

¿Cuál es la meta? La meta es el cumplimiento de los objetivos de la Directiva. El Plan no va a tener en consideración los objetivos propuestos en el paquete de medidas de economía circular de la Comisión Europea, que pretenden modificar las directivas europeas, pero sobre los que hay aún gran controversia y muchas incertidumbres (noticias de los últimos días apuntan a su posible retirada del debate en la UE ), aunque sí se tendrán en cuenta como visión a largo plazo (no cuantitativa) de hacia dónde vamos.

¿Cuáles son, entonces, los objetivos del nuevo PNIR para los residuos municipales?

Quizá podamos resumir el planteamiento del MAGRAMA en “actuar en el corto plazo, y trabajar para el largo plazo”. Dicho de otra manera: si bien el largo plazo habla de la necesidad de mejorar las políticas de prevención, e incrementar la reutilización, y la preparación para la reutilización, la realidad se impone y nos dice que son objetivos complicados y de escasa repercusión para un horizonte como el 2020.

Por tanto va a trabajar en la mejora de la gestión, que significa:

  • Mejorar la recogida separada, particularmente de biorresiduos, de los que actualmente sólo el 9% se recoge por esta vía
  • Contar con la valorización energética del rechazo no reciclable (en instalaciones como las cementeras, y también en plantas dedicadas) para lograr el objetivo de reducción del vertido. (Alguna Comunidad Autónoma, como la valenciana, está trabajando ya sobre un plan específico de valorización energética).
  • Mejorar la recogida separada de otros flujos como el vidrio y los envases (para los que hay un escaso margen de mejora, ya que se recicla entre el 60 y el 70%; y que tendrán un impacto muy limitado sobre la consecución de los objetivos 2020 puesto que solo son un 12-13% del residuo municipal)
  • Apostar ya por la reutilización, estableciendo un objetivo cuantitativo de entre el 0 y el 5% para cada uno de los flujos de residuos

El Plan aclarará, además, una de las sempiternas discusiones sobre objetivos: ¿son solo objetivos para el Estado, o son para las Comunidades Autónomas? Pues bien, el Ministerio se decanta por imponer objetivos concretos por Comunidad Autónoma, o lo que es lo mismo, trasladar la necesidad de cumplir los objetivos cuantitativos por flujo de residuos y por operación, a cada una de las regiones. En situaciones excepcionales se podrán acordar incumplimientos de una de las CCAA, pero siempre que las demás compensen ese incumplimiento, y por tanto permitan que el Estado cumpla.

El compost y el material bioestabilizado: un problema sin solución.

Como se ha dicho, el Plan apostará por la recogida (y valorización) separada del biorresiduo, como principal vía para alcanzar los objetivos europeos para el residuo municipal.. Sin embargo, no cambiará la imposición legal que considera compost sólo el que provenga de esa recogida separada, y “residuo bioestabilizado” al resto. La distinción no es menor, puesto que el compost se puede manejar como producto, y el material bioestabilizado ha de manejarse como un residuo, por lo que su aplicación al terreno está sujeta a autorización administrativa, y fuera siempre del Real Decreto de Fertilizantes.

La discusión en este tema sigue abierta, pero no parece que vaya a haber un entendimiento, salvo en un aspecto: hay que trabajar para mejorar la demanda del material, sea cual sea su caracterización legal, para evitar que acabe en vertedero tras un costoso proceso de tratamiento.

Lo que parece que se descarta, es la extensión del concepto de “responsabilidad ampliada del productor” al campo de los biorresiduos, por sus evidentes complejidades técnicas y administrativas.

Aún hay incertidumbres

La primera es, ¿para cuándo tendremos un Plan que poder analizar en profundidad?. Aparentemente las Comunidades Autónomas podrán examinar un primer borrador entre enero y febrero, y aportar sus consideraciones; y a partir de ese punto se preparará una versión actualizada que podrá someterse a información pública.

Difícil saber cuándo se aprobará, pero esperamos que sea antes de final del verano.

Tampoco se sabe la repercusión que tendrá sobre los planes autonómicos, que en su mayor parte se encuentran actualizados y con periodos de vigencia que van hasta 2020, pero que, conforme a la nueva filosofía de la Ley 22/2011, en principio han de adaptarse al Plan nacional. Más aún, si éste va a establecer objetivos cuantitativos por comunidad autónoma. En cualquier caso es obvio que se dará un periodo transitorio con instrumentos de planificación estatales y autonómicos que puedan ser contradictorios n algunos puntos.

Estas y otras cuestiones las iremos viendo a lo largo del proceso de aprobación del nuevo Plan.

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Fuentes:

  • Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (modificada por la Ley 8/2014, de 14 de octubre)
  • Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio)
  • Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

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