El pasado 9 de julio se aprobó la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Esta estrategia responde a la necesidad de cumplir con lo establecido en la Ley 33/2015 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la cual insta a desarrollar este tipo de estrategias.
Su objetivo es identificar y desarrollar una infraestructura verde dentro del territorio español, en base a la definición de objetivos específicos que sirvan de referencia a las comunidades autónomas de cara a la elaboración de estrategias (pues serán estas las encargadas de implementar esta estrategia), todo ello integrado dentro del marco de la agenda de España para el año 2050.
Esta estrategia aborda uno de los grandes problemas medioambientales a los que se enfrenta España en particular y la Unión Europea en general, la fragmentación y degradación de los ecosistemas. Cabe destacar que España es uno de los países europeos con mayor biodiversidad y con mayor número de espacios conservados en estado natural o seminatural. Aun así, y tal y como se recoge en el documento, el 45% de los servicios ecosistémicos se encuentran “degradados o se están usando insosteniblemente” y la fragmentación ya afecta al “55,5% del territorio en el caso de las aves y al 97,7% en el caso de los mamíferos”.
Como hoja de ruta de cara a solventar estos problemas, se proponen 8 metas a alcanzar, cada una desglosada en líneas de actuación más concretas. A grandes rasgos, estas metas se pueden resumir de esta manera.
- Meta 0: Identificar y definir los elementos que deben formar parte de esta infraestructura verde y disponer de una cartografía adecuada de cada uno de ellos.
- Meta 1: Orientada a reducir la fragmentación ocasionada por cambios de uso del suelo e infraestructuras, proponiendo la identificación de corredores ecológicos.
- Meta 2: Restauración de hábitats y ecosistemas clave en cuanto a conectividad, priorizando soluciones basadas en la naturaleza, identificando los hábitats y ecosistemas más degradados y cuáles son sus áreas clave.
- Meta 3: Enfocada a la mejora de los servicios ecosistémicos. Una vez más, comenzando con la identificación y cartografía de los mismos, y proponiendo una valoración económica de estos.
- Meta 4: encaminada a aumentar la resiliencia y adaptación al cambio climático, destacando la creación de sumideros naturales de carbono o la adaptación de áreas urbanas utilizando soluciones basadas en la naturaleza.
- Meta 5: En este punto se introduce el concepto de coherencia territorial, es decir, que se establezca una colaboración eficaz entre las Administraciones públicas, especialmente a la hora de destinar fondos públicos para implementar la infraestructura verde.
- Meta 6: relaciona las políticas sectoriales con la restauración ecológica. La idea de esta meta es relacionar bajo la infraestructura verde al sector agrícola, forestal, industrial e hidráulico, así como a las infraestructuras de transporte, telecomunicación y al patrimonio histórico-cultural.
- Meta 7: impulsar la participación de la sociedad dentro de esta estrategia, facilitando el acceso a la información y disponiendo de herramientas de formación y sensibilización.
Se ofrece además una herramienta técnica: la Guía metodológica para la identificación de elementos de la infraestructura verde (todavía no desarrollada), además de incidir en la necesidad de disponer de información cartográfica detallada y normalizada. Se planea también un calendario con hitos a alcanzar y evaluaciones periódicas.
Cabe destacar que por primera vez se incluyen dentro de la planificación territorial el propio concepto de infraestructura verde, además de otros como restauración, conectividad, paisaje o servicios ecosistémicos, sentando las bases para cambiar el modelo de planificación actual y sustituirlo por uno que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de estos servicios, además de apostar por soluciones basadas en la propia naturaleza.
La consolidación de esta infraestructura verde a escala estatal también pasa por integrar todos estos conceptos dentro de los procesos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, pues esta resulta indispensable para la protección del medio ambiente y la sostenibilidad y “se convierte en herramienta importante, cuando no fundamental, para aplicar las medidas y objetivos que marque la Estrategia Nacional de IVCRE”.