El estado de información no financiera consolidado

26 Feb2019

información no financiera

Las empresas que cuenten con más de 500 trabajadores deberán incluir a las cuentas anuales consolidadas el estado de información no financiera.

 
El 30 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

 
Esta Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos y tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales.

 
En aplicación de la Ley, el estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.

 
En lo que se refiere a las cuestiones medioambientales, el estado de información no financiera incluirá información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales. Más concretamente, deberá, incluir información relativa a las medidas adoptadas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono, ruido y contaminación lumínica, las medidas de economía circular y prevención y gestión de residuos (prevención, reciclaje, recuperación…), medidas para el uso sostenible de los recursos (consumo de agua, de materias primas y de energía), medidas adoptadas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero y medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático y, por último, medidas para proteger la biodiversidad.

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