¿Cómo ha quedado la evaluación de impacto ambiental en la nueva Ley de Prevención Ambiental?

15 Ene2015

Comentábamos a principios de noviembre en otro post , que la nueva Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, cambiaba sustancialmente las reglas de juego para los sufridos promotores de proyectos e instalaciones industriales que deseasen invertir en esta región.

Abordábamos allí los principales cambios de tramitación que –todo hay que decirlo- son en su mayor parte para bien; y nos centrábamos principalmente en el régimen de “autorización”: autorización ambiental integrada (AAI), licencia ambiental y comunicación.

Dejábamos, pues, en el tintero, todo lo que se refería a la Evaluación de Impacto Ambiental, por aquello de no extendernos demasiado, y eso es lo que vamos a tratar aquí. Y si llegas al final del post, te damos la posibilidad de acceder a algunos contenidos “premium” sobre este tema… ahí lo dejamos…

El régimen de EIA de Castilla y León, se equipara al nacional.

Compostilla_3El régimen de EIA de Castilla y León, se equipara al nacional. Esto, en principio, es una buena noticia. Se evitan conflictos, y se simplifican las cosas. Pero solo en principio, porque hay que recordar que la norma nacional es bastante farragosa e generadora de incertidumbres para el –insisto- sufrido promotor.

Lo primero que te estarás preguntando: ¿se reducen los plazos de la tramitación? Pues la primera en la frente: la realidad es que no. Si bien cuando se publicó la ley nacional (Ley 21/2013) se anunció a bombo y platillo que el procedimiento administrativo se reducía a 4 meses, eso es maquillaje, mera semántica: resulta que ahora se considera que el trámite no comienza “formalmente” hasta que se han realizado un montón de actuaciones previas, que llevan meses, incluyendo la información pública: así que sí, es cierto, desde ese momento, la ley dice que se ha de resolver el trámite en el plazo de 4 meses, pero en realidad el procedimiento completo no serán menos de 8 ó 10 meses. Y eso sin contar con el retraso que se lleva en estos expedientes, por saturación del personal que se ocupa de ellos.

Así que armémonos de paciencia.

“Eso sí” – estarás pensando ahora- “al menos se habrán simplificado las cosas para el promotor”. Pero nos tememos que eso tampoco ha ocurrido, por culpa de que se involucra mucho más que antes, al órgano sustantivo (que ni es el que ha de resolver sobre la DIA, ni idea tendrá del procedimiento y los detalles técnicos que la acompañan, pero que es quien ha de mover los papeles de un lugar a otro).

Como muestra, un botón: tras la información pública, el resultado de la misma se envía al órgano sustantivo, que a su vez tiene 30 días para remitirlo al promotor (¿por qué no se envía directamente al promotor…?), que debe volver a presentar todo ello junto con la “solicitud de inicio del procedimiento de EIA”. Los papeles viajando de un lado a otro sin que ello sirva de mucho.

Pero es que, además, una vez finalizada la información pública y otras actuaciones previas por parte del órgano sustantivo, el Órgano Ambiental es quien resuelve la admisión o no a trámite del expediente. Es decir: 4-8 meses después de que el promotor ha presentado todo ante la Administración, alguien puede resolver “no admitir el trámite”, sorprendente.

Las cosas son un poco más sencillas cuando el órgano sustantivo y el órgano ambiental coinciden, como es el caso de los proyectos sometidos también a Autorización Ambiental Integrada. Y son más complicadas cuando el órgano sustantivo tiene escasa capacidad técnica (p.ej. cuando es un pequeño ayuntamiento). Cierto que esto último pasa en muy contadas ocasiones.

Hay muchos más detalles sobre las dificultades de la nueva Ley, pero no queremos aburrirte.

¿Hay algún cambio sobre los proyectos sujetos a EIA?

Pues sí, hay muchos cambios, pero sin entrar en detalles hemos decir que son a favor de los promotores de los proyectos. Se asumen como propios los anexos de la Ley 21/2013 del Estado donde, en general, se incrementan los umbrales en los cuáles un proyecto debe someterse a EIA. La ley autonómica apenas introduce cuatro supuestos (ciertas instalaciones de combustión, plantas solares, polígonos industriales e industrias que generan residuos peligrosos).

Además, por la naturaleza de la ley nacional, en el ámbito de los proyectos industriales, existe una gran coincidencia entre as instalaciones sujetas a EIA y las sujetas a AAI, lo que en la práctica simplifica el saber qué aplica a nuestro proyecto, y qué no.

150112-Bg LeyPrevenciónCyL2_Diagrama¿Cómo es, entonces, el trámite de EIA?

Los proyectos sujetos a EIA ordinaria, y que estarían sujetos al procedimiento de “licencia ambiental”, quedan exentos de ésta.

Así que vamos a mostrar el caso más frecuente: un proyecto sometido tanto a Autorización Ambiental Integrada (AAI), como a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria (EIA). Y como vale más una imagen que mil palabras, mejor lo vemos en un diagrama:

En realidad hemos simplificado mucho el diagrama, para mejorar su claridad, y no hemos considerado algunas opciones que da la Ley (como p.ej. omitir el paso primero de consultas previas, y la emisión del “documento de alcance” por parte del órgano ambiental).

Debido a la profusión de detalles, la intervención en el trámite de EIA de numerosos organismos públicos y privados (y por tanto de muchas personas con criterios e intereses diferentes), hace que se siga necesitando la intervención de un experto en el ámbito de la evaluación de impacto ambiental, que además se responsabiliza (conforme a la Ley) de la calidad e idoneidad de su contenido.

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Como te decíamos al principio de este post, vamos a darte contenido “Premium”, que reservamos solo para nuestros clientes. Si estás vinculado al sector industrial, de la ingeniería o de la Administración, basta que nos lo solicites cumplimentando al pie de este post los datos de nombre, organización y correo electrónico, y te haremos llegar el diagrama completo de procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria conforme a la nueva Ley estatal. Si estás inmerso en un proyecto de nueva actividad o instalación, te interesará saber los detalles administrativos que pueden suponer barreras a su desarrollo.

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En AmbiNor contamos con un equipo de 10 expertos y más de una docena de colaboradores especializados en diferentes aspectos a la evaluación de impacto ambiental, y en general en todos los trámites y documentos que se requieren para la obtención de los permisos de una actividad o proyecto, nuevo o existente.

Si deseas solicitarnos cualquier información a este respecto, no dudes en escribirnos a info@www.ambinor.com y nos pondremos en contacto contigo.

 

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Fuentes:

  • Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (modificada por la Ley 8/2014, de 14 de octubre)
  • Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio)
  • Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

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