Desgranando la sentencia que anula la autorización del centro integral de residuos en San Martín de Valvení (Valladolid)

11 Ago2018

180802 Bg SentenciaValvení (FSA)2En enero de 2015 se iniciaron los trabajos para promover una instalación de valorización y eliminación de residuos industriales no peligrosos, en el término municipal de San Martín de Valvení (Valladolid). El proyecto venía a desarrollar el Plan Integral de Residuos de la región, y resolver una carencia histórica en el centro de gravedad de las principales industrias de la Comunidad.

Desgranamos en este artículo las razones por las que este proyecto se ha visto paralizado en los tribunales, que consideramos no son exactamente las que se comentan en ciertos medios. Nos tememos que será necesario llegar al final de este artículo para descubrir esas razones pero, si quieren tener un adelanto, se encuentran exclusivamente en la inacción de la Administración y la omisión de sus obligaciones.

Veámoslo con detalle.

Por el interés estratégico de la instalación, ésta se promovió por la vía del “Proyecto Regional” (PR en adelante) previsto en la normativa autonómica, lo cual implica obtener (por este orden) la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, la Autorización Ambiental Integrada y finalmente la aprobación del Proyecto Regional.

El PR es una figura de ordenación del territorio y urbanística que, entre otras cuestiones, permite sobreponerse sobre otras figuras de ordenación del territorio preexistentes en determinadas circunstancias.

Tras 19 meses de trámites, el 31/10/2016 se publicó la Autorización Ambiental, que es inmediatamente recurrida por Ecologistas en Acción por la vía del contencioso administrativo.

Entretanto, deberían seguirse por la Administración los pasos necesarios para aprobar el PR, pasos sencillos: la emisión de un mero Informe por parte de la Dirección General de Vivienda Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León (JCyL), y su sometimiento al Consejo que debía instar su aprobación. Es llamativo que en el plazo de más de 1 año la DGUT no haya emitido tal informe, a pesar de conocer el expediente y toda la documentación asociada desde su misma concepción… y a pesar de superar con creces el plazo legal marcado al efecto.

Veremos finalmente la consecuencia de esta omisión.

Entretanto la situación se empieza a complicar, ya que en septiembre de 2017 el Ayuntamiento publica sus Normas Urbanísticas, lo que obliga a replantear aspectos del proyecto iniciado casi dos años antes. No obstante se sigue adelante, y se presenta documentación adicional para cumplir con esas normas urbanísticas. Pero el informe de la DGUV no llega. Nunca llega.

 

180802 Bg SentenciaValvení (FSA)1Y llegamos al 5 de julio de 2018, donde se emite la Sentencia Nº 679 de la Sala de lo Contencioso de del TSJCYL, que ANULA la Autorización Ambiental Integrada emitida. Pero ¿cuáles son las razones del tribunal para esa anulación? Veámoslas:

1.- Ecologistas en Acción pretende la impugnación por incumplimiento del RAMIMP.

El argumento se desestima por peregrino, puesto que en Castilla y León el RAMIMP está expresamente derogado desde 2009.

2.- Ecologistas en Acción insta acciones contra la DIA.

Como en numerosas sentencias anteriores, el Tribunal sostiene que la DIA es un acto de trámite (un informe preceptivo) y no una resolución, y que por tanto no es recurrible.

Pero además recuerda –y no es baladí- que la DIA se emite en el marco de la aprobación de un Proyecto Regional, y dado que éste en la fecha de emisión de la sentencia, no está aprobado, no puede ser recurrida.

3.- Ecologistas en Acción ha insistido en su demanda que el proyecto afecta a las aguas subterráneas y a un LIC situado a 800 m del emplazamiento, aunque nunca ha justificado ninguna de las dos cosas.

El Tribunal establece que no existen esas razones de índole técnico para denegar la AAI, y acepta como válidos los argumentos del promotor y los informes de la Confederación Hidrográfica, la JCYL y los peritos que desmontan uno por uno los aspectos alegados por Ecologistas en Acción (a pesar de que éstos, en sus notas de prensa, casualmente omiten este hecho).

4.- Ecologistas en Acción alude a la existencia de un Plan del año 1989 (el Plan Especial “Soto de Aguilarejo”) que, según ellos, impediría el desarrollo de la instalación en el área donde se pretende ubicar.

El Tribunal, como no podía ser de otra forma, acepta y rubrica el criterio de la Administración y del promotor, en el sentido de que la parte normativa de dicho Plan nunca llegó a publicarse en boletín oficial, y por tanto nunca entró en vigor. Por tanto desestima esta parte del recurso.

5.- Ecologistas en Acción alude a que el proyecto afecta al Plan Regional de Ámbito Territorial del Valle del Duero aprobado en 2010. En particular, un vial de acceso a la instalación parece estar dentro de un área definida como “Corredores de enlace” en el PRDuero.

El PRDuero establece una determinación de carácter “Básico” consistente en que “Los corredores ecológicos deben mantener la continuidad de su cubierta vegetal y su potencial como elementos conectores entre áreas de interés ecológico, ajustando su clasificación y potenciales usos a la garantía de esta continuidad”.

La Sala entiende que las determinaciones de carácter básico son vinculantes en cuanto a sus fines (en este caso la continuidad de los corredores), para todos los proyectos públicos y privados. Y dado que, según su criterio, “esa continuidad se interrumpe con el vial proyectado”, procedería anular la AAI.

La opinión de la Sala es legítima, por mucho que en realidad en esa área no exista esa “cubierta vegetal” ni un potencial ecológico como conector de hábitats. Pero administrativamente es justificable

¡Pero…!

llegamos ya a lo relevante de este asunto –y perdonen la espera-.

Resulta que el artículo 38.3 del PRDuero establece que los proyectos –como el que nos ocupa- que intercepten corredores ecológicos, deberán incorporar en sus EsIA medidas que garanticen la funcionalidad de éstos.

El EsIA que se elaboró para el centro de residuos sí contiene tales medidas, como no podía ser de otra forma, y han sido aceptadas en la DIA.

Entonces ¿cuál es el problema?

El problema es que la DIA lo es del PROYECTO REGIONAL, que como dice la Sentencia, “no está vigente ya que no consta aprobado al estar en tramitación”.

Asimismo, la propuesta de regular urbanísticamente los usos posibles en ese terreno, está incluida (o puede estarlo) en el PROYECTO REGIONAL, pero la Sentencia vuelve a recordarnos que esa ordenación “no se ha efectuado, al no constar aprobado [el Proyecto Regional] por la Junta de Castilla y León”.

Así pues el problema

  • no es técnico: la infraestructura podría construirse sin ocasionar problemas ambientales
  • no es administrativo: el Plan Regional valle del Duero que, según la Sentencia, impediría la infraestructura, podría soslayarse con el procedimiento utilizado: el de Declaración de Proyecto Regional
  • el problema es solo que el Proyecto Regional no había sido aprobado en el momento de la demanda, por la ausencia de un informe. Simple y llanamente.

Así pues, la inacción de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, que no ha emitido el preceptivo informe que permitiría seguir adelante con la aprobación del Proyecto Regional, como era su obligación, es la única y definitiva razón por la que se puede anular la Autorización Ambiental e impedir, al menos de momento y en el corto plazo, el desarrollo de una infraestructura considerada de interés regional por la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.

Y eso que ambas direcciones generales, son de la misma Consejería (la de Fomento y Medio Ambiente).

Inexplicable ¿verdad? Así son las cosas.

La DGUV ha impedido el desarrollo de este proyecto. Pero no por la vía de la emisión de un informe negativo fundado –que no creemos que fuese posible, pero en cualquier caso, que sería recurrible o discutible-; sino por la vía de la mera inacción, que impide al promotor hacer nada más que esperar.

Esperar a que un tribunal eche al traste sus expectativas.

Y ahora, por entretenimiento, pueden Uds. leer la sentencia y comparar esta explicación, con la que ofrece Ecologistas en Acción en su web.

Los comentarios están cerrados.